A principios de julio de 2022 la constructora Urales realizaba obras en la comuna de Corral, específicamente colocando tubos para realizar un tranque interviniendo el río San Juan, lo que comenzaría el calvario de la familia de Yasna Uribe y sus vecinos del sector.
En el invierno una intensa lluvia provocó que el río San Juan anegara las viviendas de la localidad, afectando a por lo menos diez familias que perdieron no sólo bienes materiales o sus hogares, sino su vida cotidiana.
Residentes del lugar dicen que los trabajos y entubamiento del río fueron determinantes para que se provocaran las inundaciones.
Así lo relató Yasna Uribe, vecina de la zona al Diario de Valdivia, que asegura desde la constructora no han recibido respuestas tras meses de incertidumbre, en los cuales los responsables sólo han indemnizado con el arriendo temporal de la familia en Brisas de Guacamayo en Valdivia.
Uribe señala que desde la inundación perdieron su casa de 200 metros cuadrados, además de la mercadería que utilizaba como fuente de empleo, las herramientas y los electrodomésticos, junto con dos automóviles que vendieron como chatarra para costear el día a día, entre todo se avalúa las pérdidas aproximadamente en 100 millones de pesos.
“Yo tenía todo allá, mi vida estaba hecha, tenía mi negocio, todo mal. He ido de vuelta para ver si se puede salvar algo, pero no, me da pena entrar a mi casa”, lamenta Yasna respecto a los daños sufridos en el inmueble.
Falta de soluciones
Dentro de los daños, la vecina de San Juan asegura que está también el emocional, puesto que durante la inundación los hijos de ocho y diez años de la familia se encontraban en el hogar.
Los menores debieron ser rescatados por bomberos aquel día. Hoy sufren de estrés post traumático, creyendo que nuevamente se pueda inundar la casa, reviviendo el trauma de la situación.
Por ello desde la familia anuncian que no tienen el tiempo que pueda durar las acciones legales en contra de los responsables, donde idealmente la empresa les de una solución para volver su hogar antes de marzo por los problemas que implica vivir lejos de casa.
En base a esto, la familia emplazó a las autoridades a responder las promesas que les hicieron durante el incidente, afirmando que tanto la seremi de Obras Públicas, como la delegada presidencial no han entregado las soluciones a lo pactado anteriormente, reiterando que les tendrían reparaciones en diez días y ya han pasado más de tres meses.
“Si la empresa nos paga el arriendo es porque nos hemos manifestado, tampoco es de buena voluntad porque ellos hace tiempo no querían pagar más, lo único que nos queda es protestar otra vez”, afirma Uribe.
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