Perú está parcialmente paralizado por las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
Tanto que incluso la ciudadela inca de Machu Picchu, su monumento más emblemático y principal reclamo turístico, ha cerrado hasta nueva orden.
El conflicto político continúa en Perú y sus efectos ya se dejan sentir en la economía.
Casi dos meses después de que Pedro Castillo fuera detenido y destituido por su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso y diera inicio la ola de protestas que mantiene en vilo al país, organismos oficiales, expertos y representantes de los sectores productivos advierten de los daños que el pulso entre Dina Boluarte y los manifestantes que exigen su renuncia y elecciones inmediatas están causando.
Han sido semanas de bloqueos de carreteras, paros, daños en propiedades públicas y privadas, y hasta cierre de aeropuertos por los enfrentamientos entre Policía y manifestantes.
Quienes protestan exigen la renuncia inmediata de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones inmediatas.
Boluarte se niega a renunciar y, aunque propone un adelanto electoral que aún no se ha concretado, culpa a una minoría de violentos de buscar hacerse con el poder del Estado por la fuerza.
Según la Defensoría del Pueblo, la crisis ha costado ya al menos 54 vidas y el Ministerio de Salud ha llamado a los piquetes que bloquean las carreteras a permitir el tránsito de las ambulancias y vehículos que transportan material sanitario. En Puno, las autoridades confirmaron el 9 de enero la muerte de un bebé prematuro después de que los manifestantes negaran el paso a la ambulancia que lo trasladaba a un hospital.
Las pérdidas económicas son más difíciles de cuantificar, pero abundan los reportes de reservas turísticas canceladas, minas cerradas, alimentos que se pudren porque los camiones que los transportan quedan atrapados en las carreteras. Escasez y aumento de precios en algunas zonas del país son algunas de las consecuencias que ya se dejan sentir.
El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, aseguró el pasado 11 de enero que las pérdidas provocadas por las protestas alcanzaban ya los 300 millones de soles, unos US$78 millones.
Y el director del Banco Central, Julio Velarde, advirtió desde el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que la crisis “no solo puede afectar el crecimiento económico, sino también la inflación” y podría contribuir al encarecimiento en el precio de los alimentos.
¿Cuál es realmente la factura que tendrá que pagar Perú?
Aunque se ha manifestado en otros puntos del país, las protestas, bloqueos y enfrentamientos más intensos se han producido en el sur de Perú.
Según le dijo a BBC Mundo el economista Óscar Chávez, del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, “resulta difícil hacer una cuantificación exacta, porque las regiones en las que hay protestas activas varían cada día”.
Pero el experto señaló que en el momento actual “hay 15 regiones involucradas que representan más de un 35% del Producto Interno Bruto Nacional y son además las regiones en las que hay un mayor predominio de la economía informal”.
El Instituto Peruano de Economía estimó el pasado diciembre que cada día de protestas le cuesta al país un mínimo de 212 millones de soles, unos US$55 millones.
Al margen de las cifras macroeconómicas, en muchos comercios y hogares del país ya se sienten las consecuencias de semanas de conflicto.
Comerciantes locales en Ica dijeron que los mercados allí ya sufren desabastecimiento como consecuencia de los bloqueos de carreteras.
En Arequipa, donde se producen algunos de los episodios más violentos, Luis Caballero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, le dijo a la cadena televisiva Latina: “No tenemos cómo sacar mercadería. Estamos en una situación muy difícil; estamos secuestrados”.
Residentes en la ciudad dijeron que el precio del pollo se ha duplicado desde que comenzó el bloqueo.
El número de turistas que llegan al país también se ha reducido drásticamente.
El Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Helguero, dijo que entre un 50 y un 60% de las reservas previstas para el primer semestre del año habían sido canceladas.
Los operadores turísticos también han reportado cancelaciones en masa y en algunos de los más famosos restaurantes de Lima, en los que normalmente se requiere reservar mesa con semanas de antelación, pueden estos días verse algunas vacías.
La atracción turística mas destacada de Perú, las ruinas de Machu Picchu, anunció el cierre indefinido después de semanas de interrupciones en el servicio por los bloqueos intermitentes en el ferrocarril que lleva hasta el lugar.
El Ministerio de Cultura terminó por decidir el cierre indefinido “para salvaguardar la seguridad de los turistas y de la población en general”.
Días antes, decenas de turistas extranjeros quedaron atrapados en la la ciudadela por el bloqueo de los medios de transporte y tuvieron que completar el camino de regreso a pie o ser evacuados las autoridades.
El cierre de una zona monumental que atrae cada año a más de un millón y medio de visitantes de todas partes del mundo afecta negativamente a la imagen del país como destino turístico seguro forjada durante años.
De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima, las pérdidas en el sector de hostelería y turismo alcanzan los 16 millones de soles diarios, unos US$4.150.000.
Algunas de las regiones del sur son las más centradas en el sector primario de la economía y la mayor virulencia allí de los bloqueos y protestas ha tenido un especial impacto en la agricultura y la minería, especialmente importantes para la economía peruana.
Gabriel Amaro, de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú (AGAP) estimó que un 90% de lo producido por pequeños agricultores se ha malogrado debido a los bloqueos en las carreteras. En declaraciones a RPP recordó que las exportaciones agropecuarias son claves para la economía nacional y que la imposibilidad de llevar los productos hasta los puertos está haciendo que productos como los aguacates peruanos se estén viendo desplazados por sus competidores chilenos y mexicanos en los mercados internacionales.
Según sus cálculos, la agroexportación ha perdido más de US$150 millones en lo que va de crisis.
Aunque no hay cifras oficiales aún, la minería no sale mejor parada en los análisis disponibles.
En el sur se concentran algunas de las principales explotaciones mineras del país y allí muchos de los sectores de izquierda que promueven las protestas culpan desde hace años a las multinacionales mineras de explotar las riquezas peruanas sin pagar una compensación justa.
En los últimos días fueron atacadas las instalaciones de la mina Antapaccay, en Cuzco, y la mina informó en un comunicado que se ha visto obligada a reducir su producción.
Otra mina, la de Las Bambas, una de las mayores del país, ha sufrido el bloqueo durante semanas de la vía por la que recibe las mercancías que necesita para operar, por lo que, como sucedió repetidamente en los últimos meses, podría verse obligada a paralizar la producción.
La minería es otro capítulo clave para Perú y representa alrededor de un 14% del Producto Interno Bruto, pero en el último año se ha visto muy negativamente afectada por las pausas forzadas en la producción provocadas por los conflictos sociales y la última ola de protestas podría agravar el problema.
Hasta el punto de que el banco Scotiabank contempla que la inversión en el sector caiga hasta un 20% en el sector si no se reanudan los proyectos.
2023 debía ser el año de la recuperación definitiva de la economía peruana tras el golpe de la pandemia de 2020, pero los acontecimientos en la escena internacional, con la conmoción provocada por la guerra de Ucrania y la ola inflacionista global le han colocado un freno.
El conflicto en curso en el país ha puesto las cosas aún más difíciles.
El economista Óscar Chávez indica que “esto tiene un impacto en la imagen que tienen del país los inversores internacionales y muchas decisiones de inversión se van a ver postergadas hasta que se aclare el panorama“.
La desconfianza de los inversores aparece en las encuestas entre la comunidad empresarial desde 2021 y los acontecimientos desde la caída de Castillo no habrán contribuir a mitigarla, por lo que la imagen de Perú como un país en el que la economía funciona pese a su caótica política podría estar en peligro.
El experto estima que “habrá un crecimiento del PIB menor al que se había proyectado”.
El Banco Central preveía antes de la crisis un crecimiento del 2,9% del PIB en 2023, una cifra considerada insuficiente para una economía como la peruana. Los problemas serán aún mayores sin finalmente el crecimiento es incluso inferior.
La otra gran consecuencia, según Chávez, “es que habrá una pérdida de empleo y eso tendrá especial incidencia en la población que cuenta con un empleo informal, que es la mayoría en el sur”.
Los efectos económicos de las protestas también se sienten en las economías de sus vecinos.
En Chile el bloqueo de la carretera fronteriza Tacna-Arica está impidiendo el ingreso de productos en el país. Las autoridades están especialmente preocupadas por el desabastecimiento de insumos químicos que están perjudicando a varias industrias nacionales.
El presidente del Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Bruno Alecchi Ciamarra, afirmó que la falta de químicos está poniendo en peligro la producción e incluso afecta a otros sectores como la minería.
El lunes, todavía había más de 80 carreteras bloqueadas en ocho de las 25 regiones de Perú y los aeropuertos de las ciudades sureñas de Arequipa y Juliaca permanecen cerrados.
En el caso de Bolivia, el comercio se ha visto afectado por el cierre del puente en Desaguadero, lugar donde el comercio es ampliamente activo: 800 camioneros con carga internacional permanecen varados en el paso fronterizo.
Algunos llevan más de 15 días en esa situación, informan medio locales.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), cifró las pérdidas económicas de los transportistas y exportadores bolivianos entre los cuatro y seis millones de dólares por día.
Más del 40% del comercio exterior boliviano se mueve por los puertos del sur de Perú, según informes oficiales del gobierno de Bolivia. El país exporta más de 150 tipos de productos a través de la frontera de Desaguadero, entre ellos soja y aceite de girasol.
“Estamos hablando de por lo menos unos 90 millones de dólares de pérdidas”, afirmó la responsable del organismo María Esther Peña.
En lo que respecta a Ecuador, el principal daño a largo plazo es la cancelación de la cumbre de Lima que estaba prevista para el pasado diciembre y que auspiciada por el anterior presidente Pedro Castillo iba a discutir la inclusión del país en la Alianza del Pacífico, el bloque comercial formado por México, Colombia, Perú y Chile.
Ecuador estaba a la expectativa del encuentro del bloque y de la postura que adoptara México, con quién necesita firmar un tratado comercial para ingresar como miembro pleno de esta iniciativa económica regional.
Las negociaciones de un acuerdo entre Ecuador y México se han extendido por casi cuatro años.
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