Donald Trump presenta plan educativo con énfasis en la oración escolar y elección de escuelas.
El presidente electo Donald Trump anunció el 10 de noviembre un plan de 10 prioridades para “reconstruir” el sistema educativo de Estados Unidos, que incluye reintroducir la oración en las escuelas públicas y promover la “elección escolar” a nivel nacional.
Este plan se alinea con los principios del Proyecto 2025, que Trump rechazó durante su campaña, y busca desmantelar el Departamento de Educación, una medida que ha generado controversia.
A pesar de las críticas de Trump y sus seguidores sobre la intervención federal en las escuelas, su propuesta incluiría nuevas regulaciones que podrían enfrentar desafíos legales significativos. Además, implementar estas medidas sin un Departamento de Educación plantea dudas sobre su viabilidad.
Un punto clave es la reintroducción de la oración en las escuelas, prohibida por la Corte Suprema en 1962. Desde ese fallo, los evangélicos conservadores han defendido la oración autorizada por el Estado, argumentando que su ausencia ha contribuido a la degradación moral.
Para lograr su reintroducción, sería necesario revocar el precedente legal, un proceso complicado y poco frecuente. Trump también prometió otorgar a los padres mayor control sobre la educación de sus hijos.
“Daremos a todos los padres el derecho a elegir otra escuela para sus hijos si así lo desean. Se llama libertad de elección de escuela”, afirmó.
La “elección escolar” permite a los padres redirigir fondos públicos de las escuelas públicas hacia matrículas en instituciones privadas, incluidas las religiosas. Aunque 24 estados han implementado programas de vales bajo la actual mayoría conservadora en la Corte Suprema, los votantes en tres estados han rechazado medidas similares.
En Texas, pese a ser un estado republicano, los legisladores rurales han rechazado los vales por temor a perjudicar a las comunidades donde las escuelas públicas son esenciales.
Implementar un programa nacional de vales escolares o de elección escolar podría enfrentar importantes desafíos legales que complicarían su implementación.
