El presidente explicó que todo esto se enmarca en la estrategia “Cruzada por tu seguridad”, que “combina todas las fuerzas del orden, fuerzas armadas, policía nacional e inteligencia”.

“Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales”, dijo.

El anuncio se da en medio de la ola de asesinatos, ataques a funcionarios públicos, incremento de casos de extorsiones y secuestros que afectan a ciudadanos de diferentes partes del país, según reportan los medios locales.

También se da en medio del juicio político al que se enfrenta Lasso por peculado.

Otra de las medidas anunciadas por Lasso fue el decreto de estado de excepción de la Zona 8, que comprende Guayaquil, la ciudad más grande del país y centro económico, así como Durán y Samborondón y que se aplicará con toque de queda desde la 1 a las 5 de la mañana desde este domingo.

En el caso de Guayaquil, la tasa de homicidos es de 17.43 por cada 100.000 habitantes, según datos del gobierno. Solo en el primer trimestre de este año, la cifra asciende a 555 homicidios intencionales en la capital.

El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación desde los años 80, pero en 2009, siendo presidente Rafael Correa, el porte quedo suspendido de modo indefinido, no así la tenencia de armas, siempre bajo unos requisitos legales.

Desde que se aplicó esta medida, en Ecuador ha habido debate sobre la revocación de la misma y se ha intensificado en los últimos años.

Tras el anuncio del presidente Lasso, son varias las reacciones tanto de acogida como de rechazo a la medida.

Uno de los primeros en responder de modo crítico ha sido, precisamente, Correa en sus redes sociales:

“Según un inepto desalmado como Lasso, la «guerra» es ciudadanos-delincuentes y no ESTADO-delincuencia… ¡Por eso el porte de armas! La solución es que, con excepción de la fuerza pública, NADIE porte armas, empezando por los delincuentes, y eso es posible. Ya lo hicimos.”

En otro tuit, escribió: “Sí, morirán algunos delincuentes, pero ya verán cuántos inocentes…”

Otro crítico con esta medida fue Ramiro Ávila Santamaría, abogado experto en derechos humanos y quien fue juez de la Corte Constitucional (2019-2022).

“Uso civil de armas me suena a multiplicar las posibilidades de violencia”, escribió en redes.

Lasso agregó en su alocución que la medida “busca resolver los problemas de raiz”, a lo que Ávila Santamaría respondió que “la raíz y la solución está en vincular el uso del poder punitivo estatal, siempre excepcional, con políticas de inclusión social”.

En cambio, el asambleista del Partido Social Cristiano Esteban Torres Cobo, calificó la medida como “tardía pero positiva”.

“La tenencia y porte de armas para civiles, promesa de campaña incumplida, llega dos años tarde, pero es positiva y necesaria. ¡Por fin se nos da la razón luego de tres años en la lucha”, expuso en su cuenta de Twitter.

Aunque apuntó que está “por verse” que haya “controles efectivos por parte de las autoridades”, dijo que la medida era “un paso en esta oscuridad”.

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