Familias evangélicas son Obligadas a elegir entre tener agua o renunciar a su fe en México

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Decenas de familias evangélicas han sido obligadas a firmar acuerdos ilegales e inapropiados contra su fe en Cristo, renunciando a su derecho a realizar servicios religiosos, para obtener el acceso al agua y otros servicios básicos para poder vivir.

Dos familias cristianas de la aldea La Mesa Limantitla, que viven en el estado de Hidalgo, no pudieron resistirse a firmar este acuerdo que recortaba su derecho a su fe, pero les facilitaba el acceso a los servicios municipales.

A pesar de haber firmado, las familias afectadas fueron informadas en una reunión vecinal, de que corren el riesgo de perder el acceso al agua nuevamente, si no pagan las multas que se impuso como parte del acuerdo.

Las familias evangélicas afectadas, comentaron que desde el principio se negaron a firmar un documento similar renunciando a su fe el año pasado, por otra parte, otras ocho familias de la misma aldea se vieron obligadas a hacerlo.

Luego de haber tomado la decisión de negarse a firmar el acuerdo, las dos familias perdieron el acceso al agua, alcantarillado, programas de beneficios del Gobierno y el molino comunitario, cerrado para ellos durante más de un año hasta que firmaron un acuerdo el 15 de enero de este año.

A mediados del año pasado, estas familias fueron amenazadas con un desalojo forzado por parte de líderes comunitarios si no apoyaban a las fiestas católicas locales, entrando en un conflicto de creencias religiosas.

La prohibición de servicios esenciales como el agua y la electricidad para los evangélicos, la negación de asistencia escolar de los niños cristianos, la detención arbitraria y el desplazamiento forzado en la región.

La ley mexicana otorga a las comunidades indígenas el derecho de proteger su cultura y mantener las estructuras de gobierno tradicionales siempre y cuando se respeten los derechos humanos fundamentales protegidos por la constitución mexicana. Sin embargo, la falta de comprensión de estas disposiciones y la inacción del gobierno conducen a una alta incidencia de violaciones de derechos.

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